Unibag y la Cámara de Comercio de Santiago plantean nuevos desafíos para el consumo sostenible. El foco ahora está en el origen y destino final de las bolsas reutilizables y compostables
A siete años de la promulgación de la Ley 21.100, conocida como Ley Chao Bolsas Plásticas, la discusión sobre el impacto y efectividad de esta medida cobra nueva fuerza. Chile fue el primer país de Latinoamérica en prohibir la entrega de bolsas plásticas en el comercio, marcando un hito regional en materia ambiental.

Desde entonces, actores como Unibag, principal fabricante nacional de bolsas reutilizables, han seguido de cerca el desarrollo de la normativa y su implementación. La empresa ha trabajado en innovación de materiales y educación ciudadana, aunque advierte que aún existen vacíos legales que dificultan una correcta aplicación.

“El gran mérito de esta ley es haber impulsado un cambio cultural en torno al consumo de plásticos de un solo uso”, sostiene Eliana Moreno, cofundadora de Unibag. Sin embargo, advierte que la falta de definiciones precisas ha derivado en múltiples interpretaciones, lo que impide una fiscalización eficiente.

Educación y fin de vida: temas pendientes
Uno de los principales desafíos actuales está relacionado con el origen y el destino final de las bolsas reutilizables o compostables. Aunque la Ley 21.100 prohíbe las bolsas plásticas derivadas del petróleo —incluidas las que se presentan como biodegradables o compostables—, no especifica qué ocurre con estas una vez utilizadas.

En ese contexto, el oficio N°242592/2024 del Ministerio del Medio Ambiente aclara que las bolsas reguladas por la ley no deberían contener polímeros derivados del petróleo, reforzando el principio original de la normativa. No obstante, el término “componente fundamental” de una bolsa sigue siendo ambiguo, lo que ha permitido la comercialización de bolsas con derivados del petróleo.

Esto ha provocado confusión entre consumidores y comerciantes, especialmente en el caso de bolsas usadas en servicios de delivery, donde proliferan alternativas sin certificaciones claras.

“Muchas personas creen que una etiqueta ‘eco’ basta para que una bolsa sea sostenible”, indica Moreno. “Pero si no hay un sistema de reutilización o disposición final clara, sigue siendo un residuo con gran impacto ambiental”, agrega.

Propuesta de modificación a la Ley 21.100
Actualmente, un proyecto de ley en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados (boletín 16980-12) busca modificar la Ley 21.100 para abordar sus vacíos normativos. Las propuestas incluyen:

Precisión del concepto de bolsa plástica.
Prohibición de su venta.
Etiquetado obligatorio y certificaciones.
Exclusión de polímeros derivados del petróleo en productos compostables.
Desde la Cámara de Comercio de Santiago, Verónica Torres, gerente de Sostenibilidad, sostiene que la circularidad de los embalajes usados en el comercio requiere una mirada integral sobre el ciclo de vida del producto, desde la materia prima hasta su disposición final.

“Es fundamental contar con mecanismos de autorregulación que incluyan certificaciones técnicas y verificables”, apunta Torres.

Unibag, por su parte, ha desarrollado alternativas compostables como las bolsas fabricadas con almidón de maíz, que cumplen con estándares de compostaje industrial. Además, ha promovido campañas de educación ambiental que apuntan a generar cambios conductuales en la ciudadanía.

“Necesitamos mecanismos de fiscalización más efectivos y definiciones técnicas claras que fortalezcan el espíritu de la ley. El verdadero cambio no está solo en la norma, sino en cómo la interpretamos, cómo educamos y cómo aplicamos”, plantea la cofundadora de Unibag